sábado, 17 de julio de 2021

La agenda laboral y el próximo gobierno

 

Escribe: Jaime Sánchez Arteaga (*)

El equipo técnico del profesor Castillo quien según todas las evidencias debe asumir el próximo Gobierno, viene realizando esfuerzos orientados a tranquilizar a los inversionistas y los mercados que, a su vez, promueven su propia agenda.

Entiendo que los trabajadores, quienes vienen respaldando al profesor Castillo, y que han venido sosteniendo una resistencia titánica y desigual para preservar y recuperar derechos negados de manera sistemática por los gobiernos en las últimas cuatro décadas, tienen la misma atención de los técnicos.  

No podría ni debería ser de otra manera, debido a que en un Estado constitucional de derecho y en una economía social de mercado, no solo se debe garantizar y promover la iniciativa privada en la economía, sino que también se debe reconocer el trabajo como un deber y un derecho que debe ser promovido y protegido por el Estado a fin de construir una sociedad mas justa y equitativa como quiere la mayoría de los peruanos.

Además, el Estado han adquirido compromisos en esa dirección al suscribir convenios internacionales en materia de trabajo y protección social, al asumir los objetivos del desarrollo sostenible (OD.8) y  la décima cuarta política de Estado del Acuerdo Nacional. En estos instrumentos, se asume como compromiso promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y trabajo digno o decente para todos.

No ha sido este el proceder del Estado, así se puede observar al recorrer las políticas laborales implementadas por los distintos gobiernos que se han turnado en el poder, incluido el actual Gobierno de transición.

Solo basta ver como se ha precarizado el empleo al haber convertido la contratación temporal  en la regla, que a su vez desalienta la sindicalización y hace inviable prácticamente la negociación colectiva; también la aprobación de la Política Nacional de Productividad y Competitividad elaborada y aprobada al margen del diálogo social y con una visión puramente económica y financiera en lugar de una política con perspectiva económica productiva  y de derechos; corren en esta misma línea las políticas  de fomento del empleo basadas en la reducción de costos laborales y reducción de derechos a través de la imposición de regímenes laborales discriminatorios como los de la micro y pequeña empresa, la agro exportación y de la actividad exportadora no tradicional.

Otro tanto ha ocurrido con la política laborales en el sector público, especialmente en lo relativo al sostenimiento de un régimen laboral de contratación discriminatorio como los CAS y las restricciones a la negociación colectiva, especialmente en materia remunerativa. Muestra de ello es el hecho de que el Gobierno actual haya iniciado sendas acciones de inconstitucionalidad contra las leyes recientemente promulgadas que elimina de manera progresiva y ordenada el régimen laboral CAS y legisla la negociación colectiva en la Administración Pública.

No fue diferente el contenido de las políticas adoptadas frente a los impactos de la pandemia del COVID-19. El Poder Ejecutivo cedió a las pretensiones empresariales y, por el contrario, desestimó o nunca tuvo en cuenta las propuestas de los trabajadores; facilitó el trámite de la suspensión perfecta de labores y el cese colectivo; flexibilizó los mecanismos de protección a los trabajadores de grupo de riesgo y con discapacidad; implementó el trabajo remoto sin adoptar medidas compensatorias de los costos de las condiciones de trabajo que han sido asumida por los trabajadores; autorizó la disposición de la CTS y de los fondos de pensiones afectando los mecanismos de protección social en lugar de implementar medidas alternativas.

Estimamos imprescindible que, en diálogo efectivo con los trabajadores, el próximo Gobierno adopte medidas concretas para la creación de empleo digno y productivo, enfrentar la informalidad laboral y garantizar el ejercicio de los derechos sociales y laborales de los trabajadores dependientes de una relación laboral y de los trabajadores auto empleados.     

(*) Abogado Laboralista, experto en Gestión Pública

 

 

 

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