Escribe: Jaime Sánchez Arteaga (*)
Entiendo que los
trabajadores, quienes vienen respaldando al profesor Castillo, y que han venido
sosteniendo una resistencia titánica y desigual para preservar y recuperar
derechos negados de manera sistemática por los gobiernos en las últimas cuatro
décadas, tienen la misma atención de los técnicos.
No podría ni debería
ser de otra manera, debido a que en un Estado constitucional de derecho y en
una economía social de mercado, no solo se debe garantizar y promover la
iniciativa privada en la economía, sino que también se debe reconocer el
trabajo como un deber y un derecho que debe ser promovido y protegido por el
Estado a fin de construir una sociedad mas justa y equitativa como quiere la
mayoría de los peruanos.
Además, el Estado han
adquirido compromisos en esa dirección al suscribir convenios internacionales
en materia de trabajo y protección social, al asumir los objetivos del
desarrollo sostenible (OD.8) y la décima
cuarta política de Estado del Acuerdo Nacional. En estos instrumentos, se asume
como compromiso promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el
empleo y trabajo digno o decente para todos.
No ha sido este el
proceder del Estado, así se puede observar al recorrer las políticas laborales
implementadas por los distintos gobiernos que se han turnado en el poder, incluido
el actual Gobierno de transición.
Solo basta ver como se
ha precarizado el empleo al haber convertido la contratación temporal en la regla, que a su vez desalienta la
sindicalización y hace inviable prácticamente la negociación colectiva; también
la aprobación de la Política Nacional de Productividad y Competitividad
elaborada y aprobada al margen del diálogo social y con una visión puramente
económica y financiera en lugar de una política con perspectiva económica
productiva y de derechos; corren en esta
misma línea las políticas de fomento del
empleo basadas en la reducción de costos laborales y reducción de derechos a
través de la imposición de regímenes laborales discriminatorios como los de la
micro y pequeña empresa, la agro exportación y de la actividad exportadora no tradicional.
Otro tanto ha ocurrido
con la política laborales en el sector público, especialmente en lo relativo al
sostenimiento de un régimen laboral de contratación discriminatorio como los
CAS y las restricciones a la negociación colectiva, especialmente en materia
remunerativa. Muestra de ello es el hecho de que el Gobierno actual haya
iniciado sendas acciones de inconstitucionalidad contra las leyes recientemente
promulgadas que elimina de manera progresiva y ordenada el régimen laboral CAS
y legisla la negociación colectiva en la Administración Pública.
No fue diferente el
contenido de las políticas adoptadas frente a los impactos de la pandemia del
COVID-19. El Poder Ejecutivo cedió a las pretensiones empresariales y, por el
contrario, desestimó o nunca tuvo en cuenta las propuestas de los trabajadores;
facilitó el trámite de la suspensión perfecta de labores y el cese colectivo;
flexibilizó los mecanismos de protección a los trabajadores de grupo de riesgo
y con discapacidad; implementó el trabajo remoto sin adoptar medidas
compensatorias de los costos de las condiciones de trabajo que han sido asumida
por los trabajadores; autorizó la disposición de la CTS y de los fondos de
pensiones afectando los mecanismos de protección social en lugar de implementar
medidas alternativas.
Estimamos imprescindible que, en diálogo efectivo con los trabajadores, el próximo Gobierno adopte medidas concretas para la creación de empleo digno y productivo, enfrentar la informalidad laboral y garantizar el ejercicio de los derechos sociales y laborales de los trabajadores dependientes de una relación laboral y de los trabajadores auto empleados.
(*) Abogado Laboralista, experto en Gestión Pública
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